La patronal Asedas, que representa a gigantes como Mercadona, Lidl y Dia, ha decidido plantar cara a la medida desplegando una intensa ofensiva política en el Congreso
El anuncio del Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral no ha sentado bien en los despachos de la gran distribución. Lo que para Yolanda Díaz es una victoria del reloj biológico sobre el reloj de fichar, para la patronal Asedas representa una amenaza con forma de ley. Mercadona, Lidl, Dia y Ahorramas han sacado las garras, o al menos los comunicados, liderados por un veterano de la política catalana, Duran i Lleida, que ahora cambia el escaño por los informes de productividad. La jugada es clara, frenar la reforma en nombre de la viabilidad económica, aunque duela admitir que el argumento huele más a temor a lo desconocido que a rigor técnico.
El mensaje empresarial se cuece a fuego lento, con ingredientes de vieja escuela, defensa del diálogo social, mención obligada a la pandemia (como si haber abierto los domingos te eximiera de los lunes) y una alerta que roza la profecía. “Esto podría destruir empleo”. Lo curioso es que muchos de estos empleos ya están bajo convenios que prevén, precisamente, una reducción de jornada. El monstruo no está en la ley, sino en la forma de contarla. Y aquí, el relato es mitad estrategia, mitad nostalgia de cuando los cambios venían con subvención y no con obligaciones.
Un David empresarial con armadura de Goliat
Duran i Lleida ha escrito a la vicepresidenta segunda con tono de carta medieval, aunque sin pergamino ni paloma mensajera. En su misiva, acusa al Gobierno de haber dibujado al sector del retail como el villano de una fábula laboral. ¿El problema? Que el cuento no encaja con la realidad. Las empresas de distribución ofrecen horarios tan extensos como los pasillos de sus supermercados, y su flexibilidad dicen responde a una sociedad que quiere comprar yogures a las nueve de la noche. Sin embargo, esa “flexibilidad” parece tener una sola dirección, la del empleado que ajusta su vida a los turnos, no al revés.
La ofensiva empresarial, mientras tanto, avanza por los pasillos del Congreso. Asedas ha empezado a tejer alianzas como quien reparte cartas en una partida de mus legislativo. Junts aparece como comodín indispensable, y la CEOE observa desde su palco. Pero en este teatro político hay una ironía que no se puede ignorar, una de las compañías más beligerantes con la reforma, Mercadona, fue de las primeras en anunciar que reduciría la jornada. Como esos actores que ensayan para una obra que luego deciden boicotear.
Entre lo pactado y lo postergado: el gran suspense de la jornada
En diciembre de 2023, Mercadona firmó un acuerdo que parecía revolucionario, reducción progresiva de jornada hasta 2025, creación de un observatorio laboral, y participación sindical activa. Pero la promesa se ha congelado como un solomillo en la sección de congelados. El observatorio no observa, y la empresa ha decidido que moverse ahora es arriesgar. ¿Para qué liderar un cambio si es más rentable esperar a que lo impongan? La estrategia es tan evidente como cínica, si la ley fracasa, se ahorran el esfuerzo; si prospera, ya tendrán plan B o excusas.
Esta partida de ajedrez legislativo no solo mide el poder del Ejecutivo frente al sector empresarial, sino también la coherencia de quienes, como Mercadona, dicen una cosa en sus convenios y otra en sus lobbies. La reforma laboral, que debería ser un paso hacia adelante, se ha convertido en una coreografía de pasos hacia los lados. Y mientras tanto, cientos de miles de empleados miran el reloj, preguntándose si trabajarán menos o solo debatirán más.
