Tres nombres, una denuncia y un viejo arte reciclado: el de mover los hilos desde las sombras. El PP acusa a tres presuntos “fontaneros” del PSOE de sabotear a la justicia desde los pasillos del poder
Hay oficios cuya discreción es su única publicidad. El fontanero, por ejemplo, acude en silencio, arregla en secreto y se va por donde vino, dejando el agua fluir. Pero los que hoy denuncia el Partido Popular no arreglan tuberías; supuestamente, las manipulan. Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo son los tres nombres que, según el PP, han operado en las sombras del PSOE como “fontaneros” de la política, diseñando una supuesta operación para obstaculizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de la mano de un empresario con cuentas pendientes. Ironías del destino, los que deberían proteger el sistema estarían acusados de sabotearlo desde las cañerías.
Cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, organización criminal. No es el guion de una serie política de Netflix, aunque bien podría serlo. El Partido Popular ha decidido llevar estos presuntos delitos directamente a la Fiscalía Anticorrupción, con tono de cruzada moral. Hablan de “guerra sucia”, de ataques al Estado de Derecho y de conjuras dignas de un vodevil institucional. Y si hay algo peor que la corrupción, es que esta parezca rutinaria. Como si los valores democráticos fueran una vieja caldera a la que ya nadie quiere reparar.
Justicia a presión: el PP exige abrir la caja negra
En Génova 13 no solo se habla de culpables, sino de urgencias. Como quien detecta una fuga invisible pero letal, el PP asegura que es su deber poner estos hechos en conocimiento de la justicia. El vocabulario es dramático y quirúrgico, esclarecer, depurar, evitar impunidades. Se apela a la Fiscalía como si fuera el último fontanero honesto en un mundo de herramientas oxidadas. Y detrás de las palabras, late la tensión de siempre, la lucha no tanto por la verdad, sino por el relato que la define.
Pero más allá de la puesta en escena, hay un trasfondo estructural. Esta denuncia se suma a una serie de maniobras del PP que, con la bandera del interés general, intentan reposicionar el tablero político. Transparencia, institucionalidad, sistema democrático, todo cabe en una nota de prensa cuando lo que está en juego no es solo justicia, sino hegemonía. Porque en la política española, la legalidad muchas veces se invoca no como límite, sino como arma arrojadiza.
Estado de Derecho o campo de batalla: el dilema de fondo
Lo que en otro tiempo habría sido una alarma se ha vuelto ruido blanco. El PP alerta de que estas presuntas maniobras ponen en jaque al Estado de Derecho. Pero la pregunta es más incómoda, ¿quién no lo hace hoy? . En un escenario donde los jueces son sospechosos, los fiscales señalados y los cuerpos de seguridad instrumentalizados, la legalidad parece un concepto movedizo. Como una compuerta que cada partido intenta controlar según sople el agua.
El caso de los “fontaneros” del PSOE, de confirmarse, revelaría no solo delitos, sino síntomas, de descomposición institucional, de cinismo profesionalizado, de una política que ya no compite por ideas, sino por blindajes. Y si alguna vez hubo algo sagrado en el equilibrio de poderes, hoy parece más bien una figura retórica, decorativa, como esas placas conmemorativas que se oxidan en las puertas de edificios donde ya no vive nadie.
