Una revisión detallada de los tiempos revela que el correo del caso González Amador ya circulaba entre periodistas horas antes de que el fiscal general lo leyera. Esta cronología pone en duda la versión del Tribunal Supremo, que señala a la Fiscalía como origen de la filtración
En un país donde los relojes institucionales a menudo marcan horas distintas según quién los mire, el caso González Amador ha revelado una paradoja digna de Kafkam el Tribunal Supremo acusa al fiscal general de filtrar un documento al que, según los datos, accedió cuando ya era más viejo que el pan del día anterior. La cronología no es una abstracción menor en esta historia, sino el hilo que deshilacha el traje judicial tejido por el alto tribunal. A las 15:45 del 13 de marzo, periodistas ya tenían en sus bandejas de entrada el famoso correo con la propuesta de conformidad. Álvaro García Ortiz, sin embargo, no lo leyó hasta pasadas las 22:00.
Es decir, el fiscal fue señalado por prender una mecha que ya estaba consumiéndose horas antes de que se acercara al fósforo. Mientras asistía a un acto público de esos donde las sonrisas pesan más que las palabras, la maquinaria judicial decidía señalarlo como el filtrador en jefe. La acusación, más que un mazazo, parece un malentendido con toga. No deja de ser irónico que, en esta tragedia con tintes de vodevil, el Supremo construya su relato sobre una secuencia temporal que no resiste ni una búsqueda en el historial de un periodista.
El teatro de lo institucional: sonrisas fruncidas y móviles vibrando
Dentro del recinto, la escena rozaba el absurdo, rostros petrificados, gestos coreografiados y diálogos que no llegaban al oído pero gritaban tensión. Carmen Calvo y Ana Redondo posaban su apoyo con la ambigüedad de un guiño diplomático, mientras el fiscal charlaba con Bolaños en una conversación tan medida como una declaración ante notario. Fue un instante donde el poder parecía un cuadro de El Bosco, caótico, simbólico, ligeramente grotesco.
Afuera, sin embargo, la realidad era menos pictórica y más digital. La noticia del auto judicial ya corría de móvil en móvil, como un virus que no distingue entre toga, micrófono o ministerio. El Supremo no solo acusaba a García Ortiz de dañar la reputación de González Amador, sino que insinuaba, sin pruebas visibles, una conexión entre la filtración y la mismísima Moncloa. Mientras el discurso institucional se mantenía impasible, la credibilidad del relato oficial empezaba a gotear como un techo sin mantenimiento.
Una línea de tiempo que no encaja ni en una servilleta
La cronología publicada por los medios es más sólida que la tesis del Supremo. El Mundo difundió el correo completo a las 21:59 del 13 de marzo, pero ya a las 21:29 una versión incompleta circulaba online. Incluso antes, a las 21:54, laSexta había verificado el contenido, que emitiría oficialmente a las 22:10. Pero lo realmente fulminante para la versión judicial es el testimonio de varios periodistas que aseguran haber tenido el correo desde horas antes e incluso desde el día anterior.
Es aquí donde la lógica se estrella contra un muro, si los medios accedieron al documento mucho antes que el fiscal, ¿de qué filtración se le acusa exactamente? El Supremo, en un acto que roza el escapismo documental, ignora estos datos y ni menciona a laSexta en su auto. Esta omisión, más que un descuido, parece una estrategia, como si la justicia, al no poder cuadrar la línea de tiempo, hubiera decidido borrar el reloj. Pero cuando se silencia lo evidente, lo que se amplifica es la sospecha.
