El Gobierno español ha dado un paso clave hacia la modernización del mercado laboral con la aprobación del proyecto de ley que establece la reducción obligatoria de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial
La reducción obligatoria de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin recorte salarial ya tiene fecha límite, 2026. El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley, que ahora se encamina al Congreso, con un plazo de adaptación hasta diciembre de 2025 para todas las empresas, estén o no sujetas a convenios colectivos. El objetivo es garantizar una implementación progresiva y efectiva en el conjunto del tejido productivo.
La medida representa un cambio histórico tras más de cuatro décadas sin modificar el marco legal de la jornada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó el avance como “un compromiso cumplido con la ciudadanía”. En la misma línea, la portavoz gubernamental Pilar Alegría destacó que se trata de una medida que refuerza la economía, protege el bienestar y genera empleo de calidad.
Más de 12 millones de trabajadores se verán beneficiados por la reforma
Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, la reforma impactará directamente en 12,5 millones de asalariados, con especial peso en quienes trabajan a tiempo completo y en sectores feminizados con alta tasa de parcialidad. En el desglose territorial, Catalunya, Madrid y Andalucía concentran el mayor número de personas beneficiadas. Además de reducir el tiempo de trabajo, la medida aumenta el valor de la hora trabajada, especialmente relevante en contratos precarios.
A pesar del respaldo social, el debate parlamentario no será sencillo. Junts ha anunciado una enmienda a la totalidad, y otros grupos como el PP podrían seguir esa línea. Sin embargo, Díaz ha sido clara. “Estamos dispuestos a dialogar todo, menos la base de la ley, la jornada se reduce”. El Ejecutivo confía en que el Congreso respalde una reforma que ya ha sido respaldada por la mayoría social.
Control digital: nuevas sanciones y ampliación a trabajadoras del hogar
La nueva legislación exigirá a las empresas un control horario digital obligatorio, eliminando registros en papel y asegurando la trazabilidad del tiempo trabajado. Además, se refuerzan las sanciones, las multas por incumplimiento podrán llegar a los 10.000 euros por trabajador afectado, individualizando cada infracción para hacer más efectiva la inspección laboral.
También se amplía el derecho al registro horario y desconexión digital a las trabajadoras del hogar, lo que supone un paso inédito en la protección de este colectivo. La ley impone que no haya contacto con la persona empleada fuera del horario laboral, salvo casos excepcionales. “Con esta reforma, protegemos mejor, modernizamos el mercado y construimos un trabajo más humano”, concluyó Díaz.
