Contratos públicos, comisiones privadas y una conversación que incomoda a la Moncloa
La historia comienza como empiezan casi todas las historias de corrupción: con dinero que no debía estar ahí, obras que se adjudicaron demasiado fácilmente y un puñado de nombres que ahora pesan más de lo que firman. Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Santos Cerdán número tres del PSOE y secretario de Organización del partido no solo estaba al tanto de una red de presuntas mordidas gestionadas desde el entorno del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. También habría gestionado personalmente parte de ese flujo de dinero opaco, hasta alcanzar una cifra nada modesta: 620.000 euros.
El informe policial, que ya está en manos del Tribunal Supremo, atribuye a Cerdán un papel clave en la supuesta gestión de pagos de Acciona, beneficiada con varias adjudicaciones públicas. El próximo 25 de junio, el magistrado Leopoldo Puente le ha ofrecido declarar como imputado ante los “consistentes indicios” de su participación en una red que, según los investigadores, tejía sus hilos desde Navarra hasta Madrid y que ahora amenaza con sacudir los cimientos del Gobierno.
El relato de la UCO no deja mucho espacio para la ambigüedad: cinco adjudicaciones públicas vinculadas a Acciona y hasta 450.000 euros pendientes de abono, según los cálculos del propio Koldo García. En las conversaciones grabadas entre los implicados, los agentes detectan una rutina de lo más reveladora: recuento de mordidas, ajustes de cuentas, reclamaciones pendientes. Dinámica de contables, pero sin Hacienda.
De Navarra a la capital: amistades que construyen (y cobran)
Todo habría comenzado en 2015, con la colaboración entre Cerdán y García en Navarra, a través de un viejo conocido: Fernando Merino, director del Departamento de Acciona para Navarra y La Rioja. Aquel triángulo se expandió con el ascenso político de los protagonistas. Cuando Cerdán llegó a la secretaría de coordinación territorial del PSOE y Ábalos fue nombrado ministro de Transportes, la maquinaria se nacionalizó. Lo que antes eran contactos locales se convirtió en influencia institucional, y las licitaciones empezaron a caer como fichas bien alineadas.
Las cantidades señaladas por la UCO no son anecdóticas. Solo en Murcia, dos contratos de Adif suman 280 millones de euros. A ellos se asocia una comisión irregular de 550.000. El resto de las obras salpican el mapa: La Rioja, Sevilla, Barcelona. Todas con una misma empresa en el centro: Acciona. A veces sola, otras en UTE con otras constructoras. Pero siempre con el mismo aroma: el de las adjudicaciones millonarias con propina.
Y si bien la mayor parte de las mordidas ya habrían sido cobradas, otros 450.000 euros seguían pendientes según las grabaciones. La “bajera”, como llaman a un local en una de las conversaciones, está asociada a otros 70.000 euros sin expediente conocido. Aparentemente, un pago sin disfraz.
El informe revela además otras cinco concesiones sospechosas, esta vez fuera del radar de Acciona. Empresas como OPR o LIC habrían abonado pagos mensuales a Koldo García y su entorno: entre 1.300 y 2.600 euros netos, en una regularidad que desmiente cualquier teoría de la “ocasionalidad”.
Pero quizá lo más revelador y lo más humano, si se permite el término sea una serie de mensajes entre Cerdán y García. El dirigente socialista se queja de que Ábalos no le responde al teléfono. Dice sentirse ignorado. Incluso menciona que ha contactado con “Pedro”, en clara alusión al presidente del Gobierno. “Qué poco interés ponen para lo de los demás”, lamenta. Y el desahogo va más allá: Cerdán quería un puesto en Indra, empresa cotizada, para poder sostener a su familia en Madrid. Una aspiración que, según se desprende, fue frenada por el propio Sánchez por razones éticas o estratégicas. Da igual. El daño está hecho.
Este tipo de frases, dichas en confianza, grabadas sin querer, tienen más peso que cualquier dato contable. Porque revelan un subtexto: el sistema de favores, la precariedad disfrazada de poder, la pulsión por convertir la política en salvavidas personal. No se trata solo de comisiones. Se trata de un ecosistema donde los nombres cambian, pero los métodos persisten.
Los próximos días marcarán el rumbo de un caso que ya ha dejado de ser una investigación judicial para convertirse en un escándalo político. Porque si las pruebas se consolidan, no solo habrá responsabilidades penales. Habrá, también, una pregunta que resuene en las calles, los despachos y los mítines: ¿quién más sabía?.
