NGO Monitor, un influyente lobby israelí que ha señalado con el dedo a ONG españolas, gobiernos autonómicos y hasta al propio presidente del Gobierno de financiar indirectamente el terrorismo en Palestina
La acusación es tan paradójica como perturbadora, una organización con sede en Jerusalén, NGO Monitor, acusa a España de financiar, a través de su cooperación internacional, a organizaciones ligadas al terrorismo. Así, el humanitarismo español ese que lleva décadas sembrando pozos, aulas y clínicas en los territorios ocupados es retratado como un caballo de Troya ideológico. En su informe del 15 de mayo, NGO Monitor lanza una batería de acusaciones directas contra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y de paso, contra el propio concepto de ayuda al desarrollo, ese que aquí parece confundirse con subversión encubierta.
Pero el arte de la acusación no es neutral. Cuando se afirma que ONG como NOVACT, Paz con Dignidad o Mundubat son “antiisraelíes” o que promueven “el libelo de genocidio”, lo que se discute no es una política pública, sino la narrativa misma del conflicto. En un giro irónico propio de la historia, un lobby judío que nació para fiscalizar el antisemitismo termina acusando de terrorismo a entidades que curiosamente trabajan en salud pública, género y derechos humanos. La antítesis es brutal, lo que en foros internacionales se aplaude como justicia social, en este informe se denuncia como amenaza a la seguridad.
De cooperantes a conspiradores: la sospecha como política exterior
La crítica no se queda en el papel. Las declaraciones del presidente del Gobierno español, calificando de “genocida” la ofensiva israelí en Gaza, han sido leídas por NGO Monitor como un eco del “discurso de demonización” orquestado por las ONG subvencionadas. Así, la política exterior española se transforma en sospechosa por defecto. Como si la empatía hacia el sufrimiento palestino implicara, inevitablemente, un antisemitismo larvado. Estamos ante un caso de culpabilidad por compasión, una doctrina que, de aceptarse, convertiría toda ayuda en coartada y toda crítica en traición.
Lo llamativo no es solo el contenido de las denuncias, sino su lógica. ¿Qué define a una ONG como “politizada”? ¿Acaso no es toda acción solidaria una toma de posición frente a la injusticia? Decir que apoyar a Badil una organización que defiende el derecho al retorno de los refugiados es “proviolento”, suena tanto como decir que denunciar el apartheid sudafricano era una incitación al odio. La ironía se afila, quienes acusan a otros de relativizar el terrorismo, terminan trivializando las palabras hasta convertirlas en munición retórica.
Subvenciones, soberanía y sombras en el espejo autonómico
El informe no se limita al Gobierno central. Como un inspector que sigue las huellas del crimen, NGO Monitor rastrea la financiación hasta los rincones más remotos de la administración pública española. Euskadi, Navarra, Andalucía, Madrid, Extremadura, todas desfilan en el banquillo de los acusados por haber destinado fondos a programas en Gaza y Cisjordania. Que se apoyen proyectos en cárceles israelíes o se promuevan talleres de derechos laborales se convierte, en este relato, en una forma de complicidad con el extremismo.
El subtexto es inquietante, ¿puede un país ejercer libremente su política exterior sin ser acusado de terrorismo por terceros? La descentralización esa herencia tan española de autonomías y municipalismos aparece aquí no como una virtud democrática, sino como una dispersión peligrosa. Como si cada euro enviado al otro lado del Mediterráneo debiera pasar primero por la aduana moral de Tel Aviv. El conflicto, de pronto, se nos instala en casa. Y lo que parecía una discusión sobre ayuda humanitaria se revela como una batalla por el relato. Una más. Porque, como en toda guerra larga, también aquí se combate por el derecho a nombrar.
