Bajo el paraguas de la alianza Mayors for Housing, los alcaldes han exigido más inversión, autonomía local y reformas fiscales para frenar una emergencia que ya no entiende de fronteras ni clases sociales
En una propuesta ambiciosa, 16 ciudades europeas, con Barcelona en el timón y Bruselas como escenario, han presentado una demanda que suena más a grito de emergencia que a gesto diplomático. Piden 300.000 millones de euros al año para encarar la crisis habitacional que desangra sus calles. ¿La fórmula? Una alquimia de fondos públicos y privados, bien dosificada, para impulsar vivienda social y rehabilitar lo que ya no se sostiene en pie. Como quien reanima un cuerpo que se enfría por dentro.
Pero esto no es solo una cuestión de ladrillos, es una ofensiva política. Porque las urbes, tradicionalmente tratadas como escenarios de políticas ajenas, ahora exigen ser guionistas del drama europeo. No basta con recibir fondos, quieren decidir cómo, cuándo y dónde invertirlos. Piden reescribir las reglas del juego fiscal, igual que se ha hecho con el gasto en defensa, aunque en este caso el enemigo no son tanques, sino alquileres imposibles y hogares vacíos como promesas rotas.
Antítesis urbana: donde vivir cuesta más que sobrevivir
La paradoja es tan brutal como reveladora, en ciudades prósperas, tener trabajo ya no garantiza techo. En la última década, los alquileres subieron un 60 %, y los precios de compraventa, un 78 %. Mientras tanto, un ejército de viviendas permanece cerrado a cal y canto, como si las paredes pudieran cotizar en bolsa. Los alcaldes reclaman una respuesta estructural, una arquitectura financiera que no se derrumbe ante el primer recorte presupuestario.
El plan no quiere ser una utopía de papel. Propone que la inversión en vivienda asequible quede fuera del cómputo de déficit, como si fuera una vacuna contra el desarraigo social. Y en efecto, lo es, sin vivienda, la cohesión europea no es más que una ficción administrativa. Incorporar este tema al Semestre Europeo no es capricho, sino una forma de recordarle a Bruselas que los derechos no se defienden solo con discursos, sino con techos, llaves y contratos dignos.
Cuando la política baja al barrio: realismo con vistas al futuro
Las ciudades piden algo tan revolucionario como lógico, gobernanza compartida. Exigen regular el alquiler turístico de corta duración, esa nueva fiebre del oro que convierte hogares en hoteles y vecinos en turistas perpetuos. También quieren obligar a las plataformas digitales a compartir datos. Porque sin información, regular es como apagar incendios con los ojos vendados. Bruselas escucha, duda, y finalmente admite, esto es nuevo. Y quizá, por fin, necesario.
En palabras de Jaume Collboni, la vivienda se ha convertido en el termómetro de la cohesión social. Si es así, Europa tiene fiebre. El llamado de las ciudades no es un lamento, sino una hoja de ruta, más inversión, más regulación, más decisión local. Porque la urgencia no admite poesía, pero sí política con alma. O, al menos, con la voluntad de que vivir en una ciudad no sea un privilegio, sino un punto de partida.
