El fichaje de Juan Vicente Bonilla por el Gobierno de Ayuso reaviva las sospechas de una operación policial paralela contra el Ejecutivo central
En los rincones más sensibles del Estado, donde la neutralidad debería ser una religión y no una opción, empiezan a encenderse todas las alarmas. Lo que hasta hace poco podía sonar a conspiración o a guion de serie de sobremesa, toma forma con nombres, cargos, chats y sueldos públicos. La presunta existencia de una “UCO patriótica”, una célula de agentes que habrían actuado con motivaciones políticas dentro de la Guardia Civil, deja de ser un rumor para convertirse en un síntoma grave de erosión institucional.
El epicentro del escándalo es Juan Vicente Bonilla, exjefe de fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y ahora alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su fichaje como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud no solo levantó cejas por el sueldo (más de 84.000 euros anuales), sino por el momento, el contexto y sobre todo por su historial reciente: mensajes, denuncias y un supuesto activismo interno contra el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.
“Vamos a por los del PSOE”
La frase, recogida por el abogado Jacobo Teijelo durante una entrevista televisiva, no pertenece a ningún tertuliano exaltado. Se atribuye a un mensaje dentro de un grupo de WhatsApp donde agentes de la UCO o excargos vinculados a la unidad habrían articulado una estrategia velada para socavar al Ejecutivo socialista. El objetivo: “tumbar a Sánchez”. La vía: filtraciones interesadas, investigaciones selectivas y un uso dudoso de recursos públicos con fines partidistas.
No se trata de una investigación abierta por medios afines al Gobierno. Las pruebas han llegado a juzgados, la denuncia fue registrada en la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado ha señalado hasta 37 errores graves en informes oficiales que terminaron reforzando tesis defendidas por el Partido Popular. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero 37 coinciden mal.
De la Benemérita al poder autonómico
Que un agente de la Guardia Civil pase a formar parte de un gobierno regional no es delito. Pero cuando ese agente fue responsable directo en investigaciones sensibles que involucraban a nombres clave del PSOE, y poco después aparece en el equipo de quien aspira a sustituir al presidente del Gobierno, el olor a conflicto de intereses es tan fuerte como el silencio institucional al respecto.
A esto se suma la denuncia de que Bonilla habría “ocultado información crítica” y manipulado líneas de investigación en beneficio del PP. Y por si fuera poco, presiones a confidentes para conseguir favores personales, como un empleo para su expareja, completan el perfil de un hombre que, más que neutral, parece excesivamente activo en su lealtad partidista.
¿Operación encubierta o Estado encubierto?
La historia del espionaje político en España no es nueva. Del GAL al Caso Kitchen, el Estado ha conocido ya sus propias sombras. Pero lo que se denuncia aquí es más sutil y peligroso: una infiltración ideológica dentro de los cuerpos de seguridad, no para defender al país, sino para orientar sus recursos contra rivales políticos.
Si se confirma lo que apunta esta denuncia, estaríamos ante una instrumentalización profunda del aparato del Estado, una que podría explicar muchas de las filtraciones a medios, las investigaciones asimétricas y la sospechosa rapidez con la que ciertos informes se cocinan cuando el calendario electoral aprieta.
Una democracia no se defiende con espías
Que partidos políticos presionen, maniobren o incluso negocien en los márgenes no es novedad. Pero que lo hagan apoyados por agentes con placa y acceso a bases de datos confidenciales, pone en jaque el corazón mismo de la democracia: su independencia institucional.
Y si quienes deben custodiar el Estado actúan como parte de una estrategia política, no estamos ante una ‘patria’ que se defiende, sino ante un Estado rehén de intereses que no se eligen en las urnas.
El tiempo y los jueces dirán cuánto hay de cierto en esta posible red de agentes “patriotas”. Pero lo que está claro es que, si todo esto se confirma, la Guardia Civil tendrá que mirar muy de cerca su propio espejo. Y la ciudadanía también.
