El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana revoca la absolución del presidente Carlos Parodi por el desvío de los fondos culés
El proceso judicial derivado de la venta del futbolista marroquí al Barcelona ha dado un vuelco definitivo con una sentencia condenatoria de alto impacto. La Sala de lo Civil y Penal ha impuesto dos años y medio de cárcel al presidente del club alicantino por un delito de alzamiento de bienes. Las especulaciones sobre la gestión de los dos millones de euros abonados por la entidad catalana han terminado por confirmar una operativa ilegal para burlar al fisco. El tribunal considera probado que el dinero procedente de la ciudad condal se desvió a una cuenta inactiva para evitar el embargo de las deudas tributarias.
Junto al mandatario principal, también han sido sentenciados a penas de prisión el expresidente de la fundación y uno de sus patronos más relevantes. Este giro judicial anula la visión de la Audiencia de Alicante, que no apreciaba dolo penal en el uso del capital para gastos ordinarios. La resolución pone bajo el foco nacional las garantías de transparencia en las transacciones económicas entre clubes de distinta categoría profesional.
La justicia dictamina que el pago de la cláusula por parte del club blaugrana se utilizó para ocultar activos ante la Agencia Tributaria
El fallo judicial describe minuciosamente cómo se fragmentó el ingreso realizado por el Barcelona en treinta y cuatro talones nominales a favor de la entidad deportiva. Esta maniobra técnica permitió al club de Alicante disponer del capital para abonar nóminas y proveedores mientras mantenía una deuda pública vencida y exigible. Los magistrados sostienen que el delito de alzamiento se consumó el mismo día en que los fondos fueron endosados a la cuenta de la fundación institucional. No resulta relevante para la condena que el dinero no terminara en los bolsillos personales de los dirigentes o que la deuda se pagara posteriormente.
Lo determinante para el tribunal es que se privó a la administración estatal de su derecho de embargo sobre el dinero líquido en el momento crítico. La conducta reiterada de los acusados buscaba impedir la eficacia de la recaudación tributaria mediante un entramado financiero opaco y sin justificación económica real. El rastro del dinero del fichaje culé ha servido para certificar una infracción penal grave contra la hacienda pública.
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La sentencia no solo afecta a los responsables individuales, sino que castiga severamente a las personas jurídicas implicadas en el movimiento del traspaso de Abde. El conjunto alicantino deberá afrontar una sanción económica de cuarenta y dos mil euros y pierde el derecho a recibir subvenciones durante tres ejercicios completos. Por su parte, la fundación vinculada al equipo también ha sido multada y sancionada con las mismas restricciones para operar con el sector público nacional.
Estas medidas suponen un golpe financiero de enorme magnitud para una institución que ya atravesaba una situación de extrema fragilidad económica en sus cuentas. El abogado de la presidencia ha confirmado que recurrirá la decisión ante las instancias superiores para intentar evitar el ingreso en prisión de su cliente habitual. Mientras tanto, la imagen del club queda ligada a uno de los casos de gestión negligente más sonados del fútbol español en los últimos tiempos. La sombra del jugador, ahora en las filas béticas, sigue marcando el destino institucional de los responsables del estadio Rico Pérez.
