La empresa estadounidense Cloudflare acusa a Laliga de usar bloqueos de IP para proteger intereses comerciales
La pelea ya no es solo tecnológica. Es política, comercial y diplomática. Y ahora tiene a España, a Laliga, a Javier Tebas, a Cloudflare y hasta a Donald Trump en la misma frase. Lo que parecía un conflicto técnico sobre bloqueos de direcciones IP ha evolucionado a un choque de intereses que atraviesa fronteras y amenaza con convertirse en un caso internacional.
Cloudflare denuncia ante el Gobierno de Estados Unidos que España bloquea servidores para beneficiar a entidades locales del fútbol
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publica cada año un informe donde señala a países que dificultan el comercio de empresas americanas. Es una especie de lista negra diplomática con impacto en acuerdos bilaterales. Y este año, según la compañía, España podría aparecer señalada.
En su escrito, Cloudflare asegura que el Gobierno español permite la interrupción de sus servicios para favorecer intereses comerciales de actores locales. La denuncia no menciona explícitamente a LaLiga, pero la referencia es evidente: la compañía ya intentó anular vía judicial una orden de bloqueo de IP y el tribunal rechazó el recurso alegando que no demostró perjuicio a terceros.
Cloudflare asegura que cada IP bloqueada gestiona miles de dominios, por lo que cerrar una sola de ellas afecta no solo a webs pirata, sino a páginas legítimas, negocios, tiendas online y proyectos que nada tienen que ver con emisiones ilegales. La crítica es dura: se trataría de una herramienta “desproporcionada” y sin un sistema real de recurso para las empresas afectadas.
Según la compañía, España está generando un “entorno de inseguridad jurídica” que daña la confianza en su infraestructura digital y perjudica a empresas estadounidenses que intentan operar con normalidad.
La respuesta de LaLiga: dice que es falso, legal, quirúrgico y respaldado por sentencias y el Congreso
Que LaLiga se diese por aludida era cuestión de minutos. Y su réplica no fue tibia. La patronal calificó las acusaciones de “erróneas”, “interesadas” y “sin contexto”, asegurando que no busca perjudicar a nadie, sino combatir la piratería que cada semana emite partidos sin derechos.
Según el comunicado, los bloqueos no se activan por capricho ni por orden directa de la patronal, sino por los proveedores de internet, operando de forma temporal, proporcional y verificando previamente la difusión ilegal de contenido. Además, recuerdan que la orden judicial existe desde diciembre de 2024, ratificada en marzo de 2025 tras el recurso rechazado de la propia Cloudflare.
De hecho, LaLiga presume de resultados: una reducción del 60% en piratería la temporada pasada y el respaldo de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso. Para ellos, todo está regulado, auditado y dentro de la ley.
Pero la parte más incendiaria llega al final: aseguran que Cloudflare permite que webs pirata utilicen sus servicios, que actúa con beneficio económico y que ignora los requerimientos enviados durante meses. LaLiga incluso cita otros países donde la compañía ha sido sancionada por falta de colaboración, como Francia, Italia o Alemania.
El choque ya no es tecnológico, sino político: comercio, diplomacia y un informe que puede sentar precedente
El movimiento de Cloudflare tiene un mensaje claro: si España no cambia, lo hará Estados Unidos. La USTR usa estos informes para presionar a gobiernos y mover piezas en negociaciones económicas. Si finalmente España entra en el documento, la tensión pasaría de un tribunal madrileño a la mesa del Gobierno de Donald Trump.
El conflicto abre un debate mayor: ¿qué pesa más, proteger el fútbol o garantizar que miles de webs legítimas no se apaguen por compartir una IP con una página pirata? ¿Debe una liga cuidar su producto o un país impedir bloqueos masivos que afectan al comercio digital?
No hay una respuesta inmediata y quizá por eso este asunto ya salió del campo técnico para ser político.
