El partido queda suspendido sin fecha mientras Rayo y LALIGA preparan sus alegaciones
El conflicto por la suspensión del Rayo Vallecano – Real Oviedo ha entrado en una fase administrativa inexplicable. El Juez Único de Competición de la RFEF ha emitido su primera respuesta oficial y, lejos de dictar una sentencia inmediata, ha optado por abrir un periodo de instrucción. Esto supone que tanto el Rayo Vallecano como LALIGA, el Comité de Disciplina y el Comité Técnico de Árbitros deberán presentar sus respectivos informes y alegaciones sobre el estado «impracticable» del césped de Vallecas antes de que se tome una decisión definitiva.
Esta medida cautelar descarta por completo que el encuentro se dispute en los próximos días, dejando al Real Oviedo en una situación de espera forzosa. El club asturiano, que ya ha manifestado su indignación por el perjuicio causado a sus aficionados y a la planificación deportiva, ha confirmado que seguirá adelante con todos los pasos legales necesarios. El objetivo del Oviedo es claro: exigir una aplicación equitativa de la norma y defender sus derechos ante lo que consideran un incumplimiento flagrante de los requisitos mínimos de la competición.
Un pulso por los tres puntos y la equidad competitiva
La batalla no es solo por el calendario, sino por la responsabilidad. Mientras el Real Oviedo estudia reclamar los tres puntos por incomparecencia técnica del organizador local, el Rayo Vallecano se enfrenta a posibles sanciones si se demuestra que el abandono de las instalaciones fue negligente. La resolución final del Juez de Competición determinará si el partido debe jugarse en una nueva fecha y escenario con el Metropolitano o Butarque en el horizonte o si el Oviedo recibe una compensación deportiva por el caos vivido en la jornada 23.
