Sevilla objetivo rescindir a Rafa Mir

Periodista Deportivo |

La Fiscalía pide 10,5 años de prisión pero la legislación laboral española impide la extinción unilateral del contrato sin coste hasta que no haya sentencia firme: el club tiene las manos atadas hasta 2027 o hasta que la justicia resuelva

El futuro de Rafa Mir se ha desplazado definitivamente de los terrenos de juego a los tribunales. La Fiscalía ha endurecido su postura tras finalizar la instrucción del caso y solicita 10 años y medio de prisión para el delantero murciano por agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia. El jugador se declara inocente y niega los hechos.

El Sevilla FC sigue el proceso muy atento. Sin embargo, se encuentra con las manos legalmente atadas.

Por qué el Sevilla no puede rescindir ahora

El contrato de Rafa Mir se extiende hasta junio de 2027. A pesar de la gravedad de la petición fiscal, la legislación laboral española y los convenios de LaLiga impiden una extinción unilateral sin coste mientras no exista una sentencia firme. La petición de la Fiscalía no es condena. Es acusación.

Para que se produzca una rescisión sin indemnización millonaria, el club necesita que se agoten todas las vías de recurso judicial. En casos similares ese proceso ha demorado años. La lentitud de los procesos judiciales podría provocar que el fallo definitivo llegue incluso después de que expire el propio contrato en 2027.

El espejo del Celta con Santi Mina

El precedente más cercano es Santi Mina en el RC Celta. El club vigués apartó al jugador pero no pudo rescindir su contrato hasta que se produjo una decisión judicial clara. Incluso entonces, Mina acudió al Tribunal Supremo, manteniendo la sentencia en suspenso durante meses adicionales. El Sevilla mira ese caso como un mapa de lo que puede esperar.

La situación actual: cedido en el Elche

Rafa Mir defiende actualmente la camiseta del Elche CF en calidad de cedido. El club ilicitano dispone de una opción de compra que difícilmente será ejecutada ante la incertidumbre legal. La dirección deportiva de Antonio Cordón gestiona el caso como un problema de activos financieros: un contrato que genera coste sin generar valor deportivo y del que no pueden desprenderse hasta que la justicia lo permita.

Las medidas cautelares actuales incluyen una fianza de 12.500 euros impuesta por el juzgado. El jugador espera sentencia final en libertad provisional.