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La demagogia económica de Tamames en la moción de censura

El candidato de VOX sorprende con una serie de propuestas económicas que disparan las críticas de los expertos

El economista Ramón Tamames, candidato de Vox en la moción de censura, ha propuesto un recorte de 60.000 millones de euros en el gasto público. Una petición que ha deparado polémica y comparaciones con la situación vivida en Grecia hace 15 años. ¿Qué consecuencias podría tener en España las medidas que propone el candidato de Vox?

La propuesta de Tamemes en la moción de censura sería una medida sin precedentes en la historia económica reciente. Ni siquiera en Grecia, donde se aplicaron duros recortes durante la crisis financiera, se llegó a plantear una medida de tal magnitud. En aquel momento, Grecia realizó recortes equivalentes al 2,5% de su PIB en pensiones, mientras que la propuesta de Tamames equivaldría al 6% del PIB español.

tamames moción de censura
Tamames en la moción de censura de VOX

La propuesta de Tamames en la moción de censura

La cifra propuesta por Tamames en la moción de censura se corresponde con los 60.000 millones de euros de “gasto superfluo” estimado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Partidos políticos como el PP y VOX han respaldado esta propuesta de recorte en diversas ocasiones.

Sin embargo, un recorte de 60.000 millones de euros en el gasto público tendría graves consecuencias para la economía española. En primer lugar, la disminución de la inversión pública en áreas como infraestructuras, sanidad, educación o investigación podría lastrar el crecimiento económico a largo plazo.

Consecuencias devastadoras para la economía

Además, un recorte tan drástico en el gasto público podría generar un aumento del desempleo y una disminución de la demanda interna, lo que a su vez provocaría una contracción de la economía y una posible depresión económica. Por otro lado, la reducción del gasto en servicios públicos esenciales podría tener un impacto negativo en la calidad de vida de la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

Dado el impacto económico y social que tendría un recorte de 60.000 millones de euros en el gasto público, es poco probable que una medida de este calibre cuente con suficiente respaldo político para ser implementada. Además, en el contexto actual de recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, los esfuerzos de los gobiernos se centran en impulsar el crecimiento y la creación de empleo, lo que dificulta aún más la adopción de medidas de austeridad extremas.