Juan Vicente Bonilla, exagente de la UCO y actual cargo en el gobierno de Ayuso, protagoniza una nueva polémica. Conversaciones privadas revelan su apoyo al uso de violencia contra el Ejecutivo de Sánchez
En octubre de 2023, mientras en España se debatía sobre listas de espera, presupuestos sanitarios y escasez de médicos, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso nombraba a Juan Vicente Bonilla exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) y fervoroso patriota de Telegram como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. Un cargo técnico, con un sueldo no precisamente modesto, 84.268,32 euros anuales. Pero detrás de ese número se esconde algo más turbio que un pasillo de hospital en hora punta. Bonilla no solo acumulaba experiencia en seguridad, sino también un historial epistolar digno de un thriller golpista, más de 6.000 mensajes donde proponía métodos de resolución política al estilo Medellín años 90.
Bonilla no hablaba de reformar la ley electoral ni de debatir en el Congreso. Hablaba, literalmente, de “bombas lapa” y “sicarios venezolanos”. Su retórica no era un lapsus o una mala noche de WhatsApp, sino una constante de lenguaje y pensamiento. El perfil que Ayuso colocó al frente de la seguridad sanitaria no solo coqueteaba con la insubordinación democrática; bailaba con ella en una pista adornada de munición ideológica. Como si proteger hospitales implicara dinamitar gobiernos electos. La paradoja no puede ser más obscena, un servidor público que celebra la violencia como solución política, al tiempo que cobra de los impuestos de los mismos ciudadanos cuyo voto desprecia.
“Alto y plomo”: cuando el uniforme se convierte en trinchera
La historia de Bonilla no es la de un hombre desbordado por el contexto, sino la de alguien que desde 2016 ya concebía su trabajo como una guerra sin cuartel. “En la lucha”, respondía a su confidente. ¿Lucha contra quién? Contra el Gobierno legítimo de España, al parecer. Con la victoria de Pedro Sánchez en 2019, sus mensajes se tiñeron de una épica belicista que haría sonrojar a cualquier militar profesional. “Amnistías para todos. Indepes y etarras al Congreso”, decía con amargura, mientras reclamaba “alto y plomo” para antiguos líderes de ETA. No debatía; disparaba con palabras que, lejos de ser una hipérbole, sonaban más a ensayo general que a desahogo virtual.
La militarización del lenguaje, en su caso, no es solo simbólica, es el preludio de una lógica donde el adversario político deja de ser un oponente y pasa a ser un objetivo. Como si la democracia fuera un videojuego de tiros, donde los checkpoints se conquistan a base de plomo y no de votos. En este escenario, la antítesis es atroz, mientras España intentaba recomponer la convivencia tras décadas de violencia política, un capitán de la Guardia Civil suspiraba por balas que callaran el parlamento. Y lo hacía desde un despacho público, no desde un foro marginal.
Estado paralelo y ficción institucional: las cloacas nunca se secan
Lo más inquietante de este caso es que Bonilla no parece un verso suelto, sino parte de un coro desafinado pero ruidoso. Según investigaciones, hay patrones que se repiten como un eco en pasillos oscuros, informes sin base legal, filtraciones estratégicas, errores que no parecen accidentales. Se habla ya de una “estructura paralela” con apoyos judiciales y mediáticos, una especie de Deep State cañí que no necesita tanques para imponer su relato, sino sumarios y titulares. En vez de una conjura de sables, una sinfonía de PowerPoints con sello oficial.
Esta red si se confirma su existencia no trabaja por España, sino por una idea reducida, excluyente y rencorosa de ella. Lo paradójico es que los mismos que se envuelven en la bandera claman por incendiar el sistema que les da cobertura y sueldo. Como bomberos pirómanos con galones, cultivan la inestabilidad mientras predican orden. Bonilla es solo una pieza de ese engranaje, la cara visible de una pulsión oculta que desprecia la democracia porque no le da la razón. Y lo hace, irónicamente, desde las instituciones que prometió defender.
