La polémica continúa mientras Ana María y su hijo defienden sus acciones legales contra las acusaciones de impago de 35.000 euros
Ana María, conocida como la falsa hija del rey emérito, ha sido denunciada recientemente por su casero por un supuesto impago de 35.000 euros. En una entrevista con el programa “Vamos a ver”, Ana María afirmó haber invertido una gran cantidad de dinero en reformas de la vivienda. Según ella, ha realizado pagos acreditados con transferencias, pero su casero prefiere el efectivo. “Nosotros queremos hacer todo legal, pero él no”, aseguró.
Por su parte, David, el hijo de Ana María, también habló ante las cámaras, defendiendo que han apoyado económicamente al casero en varias ocasiones. David mencionó que han invertido más de 50.000 euros en reformas y no tienen intención de abandonar la vivienda.
Desacuerdo sobre la forma de pago y defensa legal en curso
La reportera del programa informó que el casero, Paco, denuncia un impago de 35.000 euros, mientras Ana María y su hijo aseguran tener pruebas de los pagos realizados. Según la periodista, han mostrado transferencias hacia Paco o su hija, aunque sin conceptos especificados, lo que pretenden demostrar en los juzgados.
Ana María y su hijo afirman que intentaron realizar los pagos mediante transferencias bancarias para mantener todo legal, pero el casero insistió en el pago en efectivo. Ahora, han decidido llevar el caso por la vía legal y rechazan cualquier acuerdo extrajudicial. La reportera explicó que muchos de los pagos fueron en efectivo, lo cual dificulta su demostración.
La batalla legal y mediática sigue su curso
Ana María y su hijo se enfrentan a una dura batalla legal para demostrar su inocencia ante las acusaciones de impago. Ambas partes están preparándose para presentar sus pruebas en el tribunal, mientras el caso continúa atrayendo la atención mediática. La resolución de esta disputa determinará el futuro de Ana María en la vivienda y su relación con el casero.
Mientras tanto, el público sigue de cerca cada desarrollo del caso, con opiniones divididas sobre la veracidad de las acusaciones y las defensas presentadas. El impacto de este caso va más allá de las cuestiones legales, destacando las tensiones que pueden surgir en relaciones de alquiler complicadas y la importancia de la transparencia en los acuerdos financieros.
