Sanciones reducidas por dilaciones indebidas en el caso de prostitución infantil
Siete empresarios de la Región de Murcia, entre ellos el exvicepresidente de la CROEM, Juan Castejón Ardid, han sido condenados por delitos de prostitución de menores. Las víctimas, algunas de ellas con tan solo 14 y 15 años, fueron captadas en las inmediaciones de colegios y posteriormente entregadas a los acusados, quienes pagaban por servicios sexuales. A pesar de la gravedad de los delitos, los acusados no cumplirán condena en prisión debido a un acuerdo con la Fiscalía que redujo sus penas tras reconocer los hechos, sumado al atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial.
Castejón, conocido como ‘El Petrolero’, fue condenado a cinco meses de prisión y una multa de 2.000 euros por cada víctima. Los otros empresarios condenados incluyen a José Antonio Arce López, Juan Peque Álvarez, José Jara Albero, Antonio Giménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Martínez Fernández. Todos ellos han recibido sentencias que les evitan el ingreso en prisión, provocando una gran indignación social.
La polémica de las “dilaciones indebidas” y el debate en la Justicia
El abogado penalista Antonio Casado Mena criticó duramente la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas, señalando que este tipo de reducciones son comunes debido al mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Según Casado Mena, “es vergonzoso” que estos delincuentes puedan evitar la cárcel por retrasos judiciales, una problemática que se repite en muchos tribunales de España.
El Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha señalado que estudia la posibilidad de ingresar en prisión a algunos de los condenados, lo que ha abierto un nuevo debate sobre la necesidad de mejorar la justicia penal y evitar que se beneficien de estas reducciones quienes cometen delitos graves, especialmente contra menores.
Las víctimas y el papel de los intermediarios
Además de los empresarios condenados, seis personas más que actuaban como intermediarios, encargadas de captar a las menores y ponerlas en contacto con los clientes, también han sido sentenciadas. Entre ellos destacan cuatro mujeres conocidas como ‘madames’, responsables de convencer a las menores para participar en la prostitución. Estas captadoras también lograron reducciones significativas en sus penas, a pesar de que la Fiscalía había solicitado inicialmente hasta 56 años de prisión para algunos de ellos.
La sentencia ha causado una gran controversia y ha llevado a protestas en las puertas del Palacio de Justicia de Murcia, donde ciudadanos han expresado su rechazo a la indulgencia del sistema judicial hacia los acusados.
