La reciente ponencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía ha encendido todas las alarmas del Partido Popular, que ve en este dictamen no justicia, sino estrategia
En la solemnidad teatral del Club Siglo XXI, Cuca Gamarra ofreció su veredicto, la ley de amnistía no es reconciliación, sino trueque. Una moneda de cambio según el PP que Pedro Sánchez habría utilizado para comprar una investidura envuelta en papel de institucionalidad. “Se amnistía a delincuentes y se persigue a quienes los señalan”, clamó, dibujando un panorama donde la lógica jurídica ha sido secuestrada por las urgencias políticas. El Partido Popular no solo desconfía del fondo, sino también de la forma, el Tribunal Constitucional, antaño baluarte de independencia, hoy es visto por la oposición como un coro afinado al ritmo de Moncloa.
La ponencia redactada por Inmaculada Montalbán ha hecho poco para disuadir al PP de esa sospecha. Aunque reconoce parcialmente tres objeciones de los populares, valida la columna vertebral del texto, legitimando la ley más polémica de la legislatura. Para los críticos, el dictamen es como un barniz fino sobre una grieta estructural, bonito a la vista, pero insuficiente ante el temblor. ¿Es esto jurisprudencia o supervivencia? Esa es la pregunta que flota, con la densidad del incienso, en cada intervención del Partido Popular.
Una España decente y dividida
Alberto Núñez Feijóo ha decidido llevar el desacuerdo del Congreso a la calle. El próximo 8 de junio, Madrid será el escenario de una manifestación con nombre de epílogo moral. “Por una España decente”. El eslogan no deja lugar a matices; implica que, bajo el sanchismo, España ha cruzado un umbral ético. Según Gamarra, se ha institucionalizado la desmemoria selectiva, mientras se amnistía a quienes desafiaron el orden constitucional, se ignora a quienes lo defendieron. La oposición no solo protesta, dramatiza. Porque si la política es teatro, esta obra se representa en clave de tragedia democrática.
El recurso a la movilización popular no es nuevo, pero en este contexto se vuelve símbolo, no es solo contra una ley, sino contra una forma de entender el poder. Una antítesis que lo dice todo, legalidad frente a legitimidad, convivencia frente a complacencia, reconciliación frente a claudicación. Feijóo busca capitalizar la indignación de quienes sienten que el pacto ha desplazado al principio, que el cálculo ha vencido al compromiso constitucional. En esa tensión se juega no solo una ley, sino una narrativa entera sobre qué es y qué no España.
El Gobierno: paz territorial o cálculo estratégico
Desde el otro lado del tablero, el Gobierno proclama que el dictamen del Constitucional es más que una validación jurídica, es una consagración política. El ministro Óscar López defendió la ley como un acto de madurez institucional, un bálsamo para las heridas abiertas en Cataluña. Según él, ya se recogen frutos: desinflamación del conflicto, normalización de la vida política, promesas de estabilidad. El discurso del Ejecutivo es de futuro, de “pasar página”, aunque la página anterior esté aún empapada de tinta polémica.
La ironía, claro, es que lo que para unos es concordia, para otros es claudicación. Como si la ley fuera un espejo roto, refleja la paz si se mira con ojos de gobierno, pero muestra fragmentación si se mira desde la oposición. La amnistía se convierte así en una palabra bisagra, capaz de abrir puertas o hacerlas rechinar, según desde dónde se empuje. En ese equilibrio precario, la democracia española vuelve a demostrar su extraño talento, caminar sobre la cuerda floja, con los ojos vendados y medio país aplaudiendo mientras la otra mitad contiene la respiración.
